factura electrónica

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resumen LEY 25/2013 – BOE 28-12-2013

ENTRADA EN VIGOR: 17-01-2014, salvo excepciones que se comentan (15-01-2015)

FACTURA ELECTRONICA Y REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ámbito de aplicación Ley 25/2013:

Ley 25/2013 será de aplicación a las facturas emitidas en el marco de las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas.

Se consideran Administraciones Públicas (AAPP):

  • los entes, organismos y entidades a que se refiere el 3.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RDLeg 3/2011)
  • las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, en el ejercicio de su función colaboradora en la gestión de la Seguridad Social.

· Obligación de presentación de facturas ante registros administrativos de AAPP:

El proveedor que haya expedido la factura por los servicios prestados o bienes entregados a cualquier Administración Pública, tendrá la obligación de presentarla ante un registro administrativo, en los términos del art.38 de la Ley 30/1992.

Plazo de presentación: 30 días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación de servicios

ATENCIÓN DT PRIMERA. Obligación de presentación de la factura en un registro administrativo.

Las obligaciones previstas en esta Ley no serán de aplicación a las facturas ya expedidas en el momento de su entrada en vigor. No obstante, el proveedor que haya expedido la factura antes de la entrada en vigor de esta Ley podrá presentarla ante un registro administrativo, en los términos previstos en el art.38 de la Ley 30/1992.

ATENCIÓN DDEROGATORIA. Deroga el art.5 de la Ley 15/2010 que regula el Registro de facturas en las Administraciones locales
· USO de la factura electrónica en el sector público (Art.4 Ley 25/2013)

El artículo 4, sobre obligaciones de presentación de factura electrónica, entrará en vigor el 15-01-2015.

Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública PODRÁN expedir y remitir factura electrónica. (Las AAPP no podrán exigir su envío en papel)

Entidades OBLIGADAS a utilizar la factura electrónica y a presentarla a través del punto general de entrada:

  • Sociedades anónimas (SA) y Sociedades de responsabilidad limitada (SRL)
  • Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española
  • Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria;
  • Uniones temporales de empresas (UTE)
  • Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

Supuestos en que las AAPP podrán EXCLUIR reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica:

 

  • Las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros
  • Las facturas emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las Administraciones Públicas hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.
  • FORMATO de la factura electrónica en el sector público (Art.5 Ley 25/2013)

Las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones Públicas deberán tener un formato estructurado y estar firmadas con firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con el art.10.1 a) del RD 1619/2012.

En tanto no se apruebe la Orden ministerial prevista en el artículo 5, las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones Públicas se ajustarán al formato estructurado de la factura electrónica Facturae, versión 3.2, y de firma electrónica conforme a la especificación XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES).

También se admitirá el sello electrónico avanzado basado en un certificado reconocido que reúna los requisitos del art.5.2 de la Ley 25/2013

El sello electrónico es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados o asociados con facturas electrónicas, que pueden ser utilizados por personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica para garantizar el origen y la integridad de su contenido.

En tanto no se desarrolle el contenido del sello electrónico avanzado basado en un certificado electrónico reconocido, las facturas electrónicas que se presenten ante las Administraciones Públicas podrán garantizar su autenticidad e integridad mediante un certificado que resulte válido en la plataforma de validación de certificados electrónicos @firma del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Punto general de entrada de facturas electrónicas

El Estado, las CCAA y las Entidades Locales, dispondrán de un punto general de entrada de facturas electrónicas a través del cual se recibirán todas las facturas electrónicas que correspondan a entidades, entes y organismos vinculados o dependientes.

Las Entidades Locales podrán adherirse al punto general de entrada que proporcione su Diputación, CA o el Estado. Las CCAA podrán adherirse al punto general de entrada que proporcione el Estado.

El punto general de entrada de facturas electrónicas de una Administración proporcionará una solución de intermediación entre quien presenta la factura y la oficina contable competente para su registro.

Todas las facturas electrónicas presentadas a través del punto general de entrada de facturas electrónicas producirán una entrada automática en un registro electrónico de la Administración Pública.

Mientras no esté disponible el registro contable de facturas, el punto general de entrada de facturas electrónicas proporcionará una solución de intermediación, bien a través de un servicio automático de puesta a disposición o bien a través de su remisión electrónica, entre quien presenta la factura y el órgano administrativo al que corresponda su tramitación.

 

Registro contable de facturas y procedimiento:

Cada uno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, dispondrán de un registro contable de facturas que facilite su seguimiento.

El registro administrativo en el que se reciba la factura la remitirá inmediatamente a la oficina contable competente para la anotación en el registro contable de la factura.

En la factura electrónica, presentada en el punto general de entrada, deberá constar:

  • la oficina contable
  • los órganos administrativos a los que vaya dirigida de conformidad con la DA trigésima tercera del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RD Leg 3/2011).

Supuestos en que el ESTADO, las CCAA y municipios de Madrid y Barcelona de podrán EXCLUIR reglamentariamente de esta obligación de anotación en el registro contable: los mismos que para excluir de la obligación de facturar electrónicamente.

La anotación de la factura en el registro contable de facturas dará lugar a la asignación del correspondiente código de identificación de dicha factura en el citado registro contable.

En el caso de las facturas electrónicas dicho código será comunicado al Punto general de entrada de facturas electrónicas.

El artículo 9, sobre anotación en el registro contable de facturas, entrará en vigor el 01-01-2014.

ATENCIÓN: con fecha BOP 29-03-2014 se ha publicado la Orden HAP/492/2014, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013. Incluye los requisitos del registro contable de facturas de la Administración General del Estado. La Orden entrará en vigor el 30-03-2014, pero las CCAA y Entidades locales dispondrán de un periodo de 3 meses para adecuar sus sistemas a los requisitos funcionales y técnicos establecidos en esta orden.

EN LA WEB OFICIAL DEL IGAE pueden acceder a toda la información sobre el Registro Contable de facturas de la AGE (RFC): http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/rcf/Paginas/rcf.aspx
Efectos tributarios de la factura electrónica:

La factura electrónica prevista en esta Ley y su normativa de desarrollo será válida y tendrá los mismos efectos tributarios que la factura en soporte papel. En particular, podrá ser utilizada como justificante a efectos de permitir la deducibilidad de la operación de conformidad con la normativa de cada tributo y lo dispuesto en el art.106 de la LGT (Ley 58/2003)

(PUEDAN AMPLIAR INFORMACIÓN EN EL FAQ SOBRE LA LEY 25/2013 ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA, que hemos adjuntado en el envío)

FACTURA ELECTRÓNICA EN EL SECTOR PRIVADO (DF Segunda Ley 25/20013)

Incluye dos nuevos artículos (art.2bis y 2 ter) a la Ley 56/2007 de medidas de impulso de la sociedad de la información sobre la factura electrónica en el sector privado y su eficacia ejecutiva.

El nuevo art.2 bis regula la utilización de la factura electrónica en el sector privado

  • Entrada en vigor: las obligaciones previstas en art.2 bis no serán exigibles hasta el 15-01-2015.
  • CUANDO están obligadas: en sus relaciones con empresas y particulares que acepten recibirlas o que las hayan solicitado expresamente.
  • Empresas OBLIGADAS a expedir y emitir facturas electrónicas (art.2 bis.1): las empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica a que alude el art.2.2 de la Ley 56/2007, independiente del tamaño de su plantilla o de su volumen anual de operaciones:
  1. Servicios de comunicaciones electrónicas a consumidores (Ley 32/2003 de Telecomunicaciones)
  2. Servicios financieros destinados a consumidores (servicios bancarios, de crédito o de pago, los servicios de inversión, las operaciones de seguros privados, los planes de pensiones y la actividad de mediación de seguros)
  3. Servicios de suministro de agua a consumidores.
  4. Servicios de suministro de gas al por menor
  5. Servicios de suministro eléctrico a consumidores finales

Sólo están obligadas a emitir facturas electrónicas cuando la contratación se haya llevado a cabo por medios electrónicos:

  1. Servicios de agencia de viajes.
  2. Servicios de transporte de viajeros.
  3. Actividades de comercio al por menor.

El Gobierno podrá ampliar el ámbito de aplicación de este artículo a empresas o entidades que no presten al público en general servicios de especial trascendencia económica.

 

Otras obligaciones del prestador de servicios:

  • Deberán facilitar el acceso a los programas necesarios para que los usuarios puedan leer, copiar, descargar e imprimir la factura electrónica de forma gratuita sin tener que acudir a otras fuentes para proveerse de las aplicaciones necesarias para ello.
  • Deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los usuarios puedan revocar el consentimiento dado a la recepción de facturas electrónicas en cualquier momento.
  • Ofrecer al cliente la posibilidad de consultar sus facturas por medios electrónicos durante el período del art.2.1 b) (al menos los últimos 3 años) aunque aquel haya resuelto su contrato con la empresa o revocado su consentimiento para recibir facturas electrónicas. Tampoco caduca por esta causa el derecho del cliente a acceder a las facturas emitidas con anterioridad.

 

Régimen sancionador:

Infracciones:

  • No ofrecer a los usuarios la posibilidad de recibir facturas electrónicas cuando se está obligado a ello.
  • No permitir el acceso de las personas que han dejado de ser clientes, a sus facturas.
  • Incumplimiento de las demás obligaciones previstas en el 2.1 por las empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica (relacionadas con la obligación de disponer de un medio de interlocución telemática para contratación electrónica, consulta datos, presentación quejas, derechos de rectificación…)

Sanción: apercibimiento o una multa de hasta 10.000 euros. Graduación conforme el art.33 de la Ley 59/2003 de firma electrónica (intencionalidad, reiteración, reincidencia, perjuicios causados, volumen de facturación a que afecta…).

Competencia para imponer esta sanción: el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

 

Sobre la factura electrónica:

  • Las facturas electrónicas deberán cumplir lo dispuesto en la normativa específica sobre facturación (art.2 bis.3)
  • La factura electrónica podrá pagarse mediante adeudo domiciliado si se incluye en la correspondiente extensión el identificador de cuenta de pago del deudor y en un anexo, el documento que acredite el consentimiento del deudor a que se refiere la Ley 16/2009 de servicios de pago. (art.2 ter.1)
  • Las facturas electrónicas llevarán aparejada ejecución si las partes así lo acuerdan expresamente. (art.2 ter.2

En ese caso, su carácter de título ejecutivo deberá figurar en la factura y el acuerdo firmado entre las partes por el que el deudor acepte dotar de eficacia ejecutiva a cada factura, en un anexo. En dicho acuerdo se hará referencia a la relación subyacente que haya originado la emisión de la factura.

La falta de pago de la factura que reúna estos requisitos, acreditada fehacientemente o, en su caso, mediante la oportuna declaración emitida por la entidad domiciliaria, faculta al acreedor para instar su pago mediante el ejercicio de una acción ejecutiva de las previstas en el art.517 de la Ley 1/2000 LECivil.

  • En las relaciones con consumidores y usuarios, la factura electrónica no podrá tener eficacia ejecutiva. (art.2 ter.3)
  • Lo dispuesto en el 2 ter “eficacia ejecutiva de la factura electrónica” no será aplicable al pago de las facturas que tengan por destinatarios a los órganos, organismos y entidades integrantes del sector público. (art.2 ter.4)

 

 

OTRAS NORMAS MODIFICADAS:

· Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (LEY 29/1987)

Modifica el art.34.4, con efectos desde 01-01-2014, para incluir a la CA de Castilla-La Mancha entre las CCAA con régimen de autoliquidación del impuesto con carácter obligatorio.

·      Contratos del Sector Público (RD Leg 3/2011)

Entrada en vigor a partir del 17-01-2014. Atención DT Cuarta sobre entrada en vigor desarrollo reglamentario

Ámbito subjetivo de la ley. Suprime el apartado f) del art.3.2 que consideraba como Administración Pública, a efectos de esta ley, “los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en lo que respecta a su actividad de contratación.”

ATENCIÓN: LA NUEVA DA PRIMERA BIS hace referencia al Régimen de contratación de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos.

Órgano competente para la resolución del recurso especial de revisión en materia de contratación. Suprime el apartado 2 del art.41 “2. Los órganos competentes de las Cortes Generales establecerán, en su caso, el órgano que deba conocer, en su ámbito de contratación, del recurso especial regulado en este Capítulo, respetando las condiciones de cualificación, independencia e inamovilidad previstas en este artículo”.

 

Exigencia y efectos de la clasificación de las empresas (modif. art.65.1)

 

La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos:

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que en su caso figuren en los pliegos.

b) Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional tanto en los términos establecidos en los artículos 75 y 78 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que en su caso figuren en los pliegos.

c) La clasificación no será exigible ni aplicable para los demás tipos de contratos. Para dichos contratos, los requisitos específicos de solvencia exigidos se indicarán en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallarán en los pliegos del contrato. Reglamentariamente se podrán establecer los medios y requisitos que, en defecto de los establecidos en los pliegos, y atendiendo a la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato acrediten la solvencia para poder ejecutar estos contratos.»

 

Acreditación de la solvencia económica y financiera (modif. art.75)

«Artículo 75. Acreditación de la solvencia económica y financiera.

  1. La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación:
    a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente
    b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente
    c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.
  1. La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de los certificados y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente. En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las Administraciones Públicas acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.
  1. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia económica y financiera de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa del importe mínimo, expresado en euros, de cada uno de ellos. En su defecto, la acreditación de la solvencia económica y financiera se efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley.

Solvencia técnica en los contratos de obras (modif. Art.76)

Modifica el apartado 1.a) y añade un apartado 2 al art.76.

En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación:

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años (antes 5), avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquél en el capital social de ésta.

(Apartados b) a f) sin cambios)

2. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos exigidos para cada uno de ellos. En su defecto, la acreditación de la solvencia técnica se efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley.

Solvencia técnica en los contratos de suministro (modif. Art.77)

Modifica el apartado 1.a) y añade un apartado 3 al art.77.

“1. En los contratos de suministro la solvencia técnica de los empresarios deberá acreditarse por uno o varios de los siguientes medios, a elección del órgano de contratación:

  1. a) Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos años (antes 3), indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.

(Apartados b) a f) del apartado 1 y el apartado 2 sin cambios)

  1. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos exigidos para cada uno de ellos y, en su caso, de las normas o especificaciones técnicas respecto de las que se acreditará la conformidad de los productos. En su defecto, la acreditación de la solvencia técnica se efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley.”

Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios (modif. Art.78)

Modifica el apartado 1.a) y añade un apartado 2 al art.78.

“1. En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación:

  1. a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años (antes 3) que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

(Apartados b) a i) del apartado 1 sin cambios)

  1. En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos exigidos para cada uno de ellos, y en los casos en que resulte de aplicación, con especificación de las titulaciones académicas o profesionales, de los medios de estudio e investigación, de los controles de calidad, de los certificados de capacidad técnica, de la maquinaria, equipos e instalaciones, y de los certificados de gestión medioambiental exigidos. En su defecto, la acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley.»

Nuevo Art. 79 bis que regula la concreción de los requisitos y criterios de solvencia.

La concreción de los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional exigidos para un contrato, así como de los medios admitidos para su acreditación, se determinará por el órgano de contratación y se indicará en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallará en los pliegos, en los que se concretarán las magnitudes, parámetros o ratios y los umbrales o rangos de valores que determinarán la admisión o exclusión de los licitadores o candidatos. En su ausencia serán de aplicación los establecidos reglamentariamente para el tipo de contratos correspondiente, que tendrán igualmente carácter supletorio para los no concretados en los pliegos.

En todo caso, la clasificación del empresario en un determinado grupo o subgrupo se tendrá por prueba bastante de su solvencia para los contratos cuyo objeto esté incluido o se corresponda con el ámbito de actividades o trabajos de dicho grupo o subgrupo, y cuyo importe anual medio sea igual o inferior al correspondiente a su categoría de clasificación en el grupo o subgrupo. A tal efecto, en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos deberá indicarse el código o códigos del Vocabulario «Común de los Contratos Públicos» (CPV) correspondientes al objeto del contrato, los cuales determinarán el grupo o subgrupo de clasificación, si lo hubiera, en que se considera incluido el contrato.

Reglamentariamente podrá eximirse la exigencia de acreditación de la solvencia económica y financiera o de la solvencia técnica o profesional para los contratos cuyo importe no supere un determinado umbral.

ATENCIÓN entrada en vigor requisitos mínimos de solvencia (añade un párrafo a la DT Cuarta):

La nueva redacción de los artículos 75, 76, 77 y 78 y el art.79 bis entrarán en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los requisitos, criterios y medios de acreditación que con carácter supletorio se establezcan para los distintos tipos de contratos.

 

Modificaciones Ley 14/013 de apoyo a los emprendedores

Modifica la DDerogatoria d) de la Ley 14/2013 que derogaba los apartados a) a f) del artículo 5 del RD-Ley 13/2010 que regulaba las reglas de constitución de sociedades de responsabilidad limitada por vía telemática, para no derogar el apartado f) que hacía referencia a que la “publicación de la inscripción de la sociedad en el Boletín Oficial del Registro Mercantil estará exenta del pago de tasas”.

Modifica la DF Decimotercera g) de la Ley 14/2013 para aclarar la entrada en vigor del art.35:

«g) Lo previsto en el artículo 35, relativo al importe exigido para la cifra mínima del capital social desembolsado y de recursos propios computables de las sociedades de garantía recíproca, entrará en vigor a los 9 meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado”

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