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asesoría laboral y fiscal, Adade Barcelona

Resumen de Medidas Económicas relativas a la Crisis del Coronavirus

A continuación, le resumimos los aspectos fundamentales del Real Decreto Ley 8/2020 de 18 de marzo de medidas económicas contra la crisis causada por el coronavirus.

1.- Medidas de financiación

Aspectos preliminares
El nuevo paquete de medidas del gobierno central 8/2020 plantea un conjunto de apoyos financieros con el objetivo de evitar problemas de liquidez.
Como aspectos preliminares debemos tener en cuenta:

• Faltan por definir por parte del Ministerio Asuntos Económicos y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) los procedimientos y la estructura de los préstamos (periodo, carencia, tipo…), pero aconsejamos a la empresa que empiece a definir el importe que necesitaría y que lo empiece a plantear a las entidades financieras habituales.

Línea de avales del Ministerio de Asuntos Económicos de 100.000 millones de euros

El Ministerio Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación concedida por parte de las entidades financieras a empresas y autónomos para atender la gestión de facturas, la necesidad de circulante, los vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez.
En este sentido, recomendamos hacer una estimación de las necesidades de financiación y empezar a plantear la necesidad a las entidades financieras habituales.

Ampliación de las líneas del ICO en 10.000 millones de euros

Las líneas del Instituto de Crédito Oficial se amplían en 10.000 millones de euros. Esto se hará con la intermediación de las entidades financieras y serán tanto líneas a corto plazo como líneas a largo plazo.

Sobre este punto, recomendamos lo mismo que en el anterior.

Medidas de cobertura aseguradora de los créditos de circulante necesarios para las compañías exportadoras

Se cubre el crédito de circulante que responda a nuevas necesidades de financiación. Los beneficiarios son pymes internacionalizadas o en proceso internacionalización y que se enfrenten a dificultades de liquidez. La entidad otorgante será el CESCE.
Aconsejamos a las empresas que tengan la expectativa de dificultades de financiación de pedidos exteriores para cobertura de riesgo que se dirijan al CESCE

2.- Medidas para autónomos

Flexibilización del acceso al cese de actividad para que los autónomos puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica

El artículo 17 del RDL 8/2020 establece que para los afectados por la declaración del estado de alarma, “con carácter excepcional y vigencia limitada”, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas o cuando su facturación se vea reducida al menos en un 75% en relación a la media de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar afiliado y dado de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el RETA o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores de Mar.

b) En el supuesto que su actividad no se vea directamente suspendida, en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de alarma, hay que acreditar la reducción de su facturación en al menos un 75%, en relación con la efectuada en el semestre anterior.

c) Estar al corriente de pago en las cuotas a la Seguridad Social. Sin embargo, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumple este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de 30 días naturales, ingrese las cuotas pendientes. La regularización de este hecho, producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.

La cuantía de esta prestación, se determinará aplicando el 70% a la base reguladora, calculada en conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la Ley General de la Seguridad Social. Cuando no se acredite el periodo mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será la equivalente al 70% de la base mínima de cotización en el RETA o el Régimen Especial de Trabajadores de Mar.

La prestación extraordinaria por cese de actividad tendrá una duración de un mes, ampliándose, si se tercia, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que éste se amplíe. El tiempo que dure esta percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los periodos de prestación por cese de actividad futuros. Aun así, la prestación será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social.

Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por ser incluidos como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda, tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 27.

3.- Medidas de apoyo a los trabajadores

Carácter preferente del trabajo a distancia:

• Las medidas excepcionales de carácter laboral que se establecen en la norma tienen como objetivo prioritario garantizar que la actividad empresarial y las relaciones de trabajo se retomen con normalidad una vez haya finalizado la situación de excepcionalidad.

• En consecuencia, preferentemente se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por medios alternativos, como el trabajo a distancia.

• Con este objetivo, en aquellos supuestos en los que esta modalidad de trabajo no estuviera prevista, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.

Derecho de adaptación de horario y reducción de jornada:
Las personas trabajadoras que acrediten deberes de atención respecto del cónyuge, pareja de hecho, así como respecto de familiares por consanguinidad de hasta el segundo grado, tendrán derecho a la adaptación o reducción de su jornada de acuerdo con las previsiones siguientes, cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19.
Este es un derecho individual de las personas trabajadoras, que debe tener como presupuesto el reparto corresponsable de las obligaciones de atención y la evitación de la perpetuación de roles de género, debiendo ser justificado, razonable y proporcional en relación con la situación de la empresa, sobre todo en el supuesto de que varias personas trabajadoras accedan al mencionado derecho individual dentro de la misma empresa.
El derecho de adaptación de jornada puede versar sobre la distribución del tiempo de trabajo o sobre cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo (cambio de turno, alteración del horario, cambio de funciones, cambio de la forma en la que se presta el trabajo -p.ej. trabajo a distancia-) dentro de las posibilidades de la empresa, cuando se puedan implementar de manera razonable y proporcionada. Así mismo, las personas trabajadoras tienen derecho a una reducción especial de jornada de trabajo, con reducción proporcional de salario, en las situaciones previstas en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores, cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19. Su regulación seguirá siendo la contemplada en los artículos 37.6 y 37.7 del Estatuto de los Trabajadores, con las particularidades de que la solicitud tiene que ser comunicada a la empresa con 24 horas de antelación, y podrá llegar al 100% de la jornada.

Requisitos para apreciar circunstancias excepcionales:

• Se entenderá que existen estas circunstancias excepcionales cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de alguna de las personas indicadas anteriormente que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite atención personal y directa como consecuencia del COVID-19.

• También se entenderá que existen estas circunstancias cuando existan decisiones adoptadas por las autoridades relacionadas con el COVID-19 que impliquen el cierre de los centros educativos o de cualquier otra índole que dispensen cuidado o atención a la persona necesitada.

• Por último, también se entenderá que concurren las circunstancias cuando la persona que hasta el momento se haya encargado de la asistencia o atención directa de estos familiares no pueda seguir haciéndolo por causas justificadas relacionadas con el COVID-19.
Finalmente, este artículo indica que cuando una persona trabajadora ya se encontrara disfrutando de una adaptación de su jornada por conciliación o reducción de jornada, o de cualquier otro derecho de conciliación previsto en el ordenamiento laboral, podrá renunciar temporalmente a este o tendrá derecho a que se modifiquen los términos de su disfrute mientras dure la situación de excepcionalidad, siempre que concurran las circunstancias excepcionales señaladas anteriormente.

4.- Medidas de flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal de empleo (ERTE)

Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada a causa de fuerza mayor:

Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en alguno de los supuestos recogidos a continuación (única y restrictivamente), tendrán la consideración de provenientes de fuerza mayor, siempre que se acrediten debidamente:

• La pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que implique suspensión o cancelación de actividades.

• El cierre temporal de locales de afluencia pública.

• Restricciones en el transporte público, y en general, de la movilidad de las personas y/o mercancías.

• Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad.

• Situaciones urgentes y extraordinarias debido al contagio de la plantilla o a la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretado por la autoridad sanitaria.

Procedimiento especial por fuerza mayor:

1. Se inicia mediante la solicitud de la empresa a la Autoridad Laboral, que se acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. Paralelamente, la empresa tendrá que comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe y la documentación sobre las causas acreditativas.

2. La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la medida, deberá ser constatada por la Autoridad Laboral en todos los supuestos.

3. En el plazo de 5 días desde la solicitud, esta Autoridad tendrá que dictar resolución, previo informe en su caso de Inspección de Trabajo, y se limitará a la constatación de existencia de la fuerza mayor alegada. La suspensión o reducción de jornada tendrá efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

4. Para las personas socias de cooperativas, existe un procedimiento específico previsto en el RD 42/1996, de 19 de enero.

Cuestiones a tener en cuenta en materia de cotización en suspensiones por fuerza mayor

En los supuestos autorizados de fuerza mayor, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial, así como de los importes correspondientes a los conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el periodo de suspensión o reducción autorizado en esa empresa si, a 29 de febrero de 2020, tenía menos de 50 personas trabajadoras en plantilla. Si la empresa tiene 50 personas trabajadoras o más, la exoneración de la obligación de cotizar llegará al 75% de la aportación empresarial.

• Este hecho no tendrá efectos para la persona trabajadora.

• Esta exoneración se aplicará a solicitud del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y periodos de suspensión o reducción. Será suficiente la verificación de que el SEPE proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación de paro por el periodo de que se trate.

Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción:

En aquellos supuestos en los que se decida la suspensión del contrato o la reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción relacionadas con el COVID-19, se aplicarán las siguientes especialidades:

• Se debe comunicar a la representación legal de las personas trabajadoras la intención de la compañía de iniciar un periodo de consultas para llevar a cabo esta medida. Con la comunicación, se tiene que aportar la documentación justificativa de la medida y que se trata de una situación temporal. En los supuestos en los que no exista, la comisión representativa de las personas trabajadoras para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará conformada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan estos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por tres trabajadores de la propia empresa, elegidos por el resto de la plantilla. En cualquiera de los dos casos, la comisión representativa deberá estar constituida en un plazo máximo de 5 días.

• Paralelamente, debe comunicarse a la Autoridad Laboral, aportando la misma documentación que en el supuesto anterior.

• El periodo de consultas tendrá una duración máxima de 7 días.

• El informe de Inspección de Trabajo y Seguridad Social -potestativo-, se elaborará en el plazo máximo de 7 días.

• Finalmente, se debe realizar una comunicación final con la decisión a la RLPT, a las personas afectadas, así como a la Autoridad Laboral.

Medidas extraordinarias en materia de protección de paro en aplicación de los procedimientos anteriormente referenciados:

• El reconocimiento del derecho a la prestación contributiva de paro se hará con independencia de que las personas trabajadoras hayan cotizado o no durante el periodo mínimo legalmente establecido para beneficiarse de este derecho.

• El tiempo durante el que se perciba esta prestación no computará a efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecidos.

• La iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reconocimiento del paro se ajustará a lo que dispone la normativa legal para los ERTE.

Plazo de duración de las medidas previstas anteriormente:

Las medidas recogidas en los artículos 22, 23, 24 y 25 de la norma estarán vigentes mientras se mantenga la situación excepcional derivada del COVID-19.

Salvaguarda del empleo:
Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el Real Decreto-Ley ESTARÁN SUJETAS AL COMPROMISO DE LA EMPRESA DE MANTENER EL EMPLEO DURANTE UN PLAZO DE SEIS MESES DESDE LA FECHA DE REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Como pueden ver, se trata de medidas muy complejas y de las que todavía no conocemos exactamente la forma de tramitación. Tampoco sabemos como va a interpretar la Administración las muchas dudas que suscita la normativa que les hemos tratado de resumir.

No obstante, quedamos a su disposición para intentar aclarar cualquier duda que pudieran tener, rogándoles que para comunicarse con ADADE BARCELONA, lo hagan mediante contacto directo a la dirección de correo electrónico de su asesor habitual, ya que debido a la situación, en lo posible, estamos tele trabajando.

Aprovechamos la ocasión para transmitirles nuestra esperanza de que las cosas mejoren en breve, nuestro agradecimiento por su confianza en ADADE BARCELONA y nuestro compromiso de seguir trabajando para mitigar, en lo posible, las consecuencias de esta crisis.

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